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25/08/2010
ESCRACHE A BASE MILITAR EN COLOMBIA
¡Mujeres contra la guerra, el capital, el machismo, el Terrorismo Neoliberal!
Prensa De Frente desde Colombia - Con una inédita jornada de denuncia frente a la base militar de Palanquero, en la región colombiana de Puerto Salgar, Cundinamarca, concluyó el Encuentro de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización.
La actividad, convocada por el Movimiento de Mujeres por la Paz -conformada por 40 organizaciones sociales urbanas, rurales, indígenas y afro de este país-, la Marcha Mundial de las Mujeres, organizaciones de la Vía Campesina y la Convergencia de los Movimientos y Pueblos de las Américas, entre otras; reunió durante la semana del 16 al 23 de agosto a más de 6000 mujeres y hombres de distintas regiones de Colombia, y a doscientas delegadas de organizaciones sociales, de género y derechos humanos de 18 países de América y Europa.
La iniciativa tuvo como objetivo principal realizar una declaración internacional sobre las consecuencias del terrorismo de Estado promovido por el ex presidente Álvaro Uribe, en el marco de su Política de Seguridad Democrática (PSD), que continúa vigente en la actual presidencia de Juan Manuel Santos. El Encuentro denunció la complicidad de las autoridades colombianas con los planes imperialistas que tiene Estados Unidos para todo el continente, puesto de manifiesto en el "Acuerdo de Defensa y Seguridad" que firmaron en 2009 ambos gobiernos -sin pasar por el Congreso colombiano- para el uso de siete bases militares colombianas y la protección con inmunidad diplomática al personal norteamericano.
Según las organizaciones, la puesta en marcha de este acuerdo significaría cerca de 800 militares y 600 civiles trabajando en compañías contratistas, que pueden permanecer hasta 90 días en el país sin responder a las leyes colombianas, ni a las internacionales. La justificación del convenio para la instalación de las bases se centra en el combate a la guerrilla, caballito de batalla de Uribe y de Santos, quien contradictoriamente declaró al asumir que a través de la Seguridad Democrática se logró la pacificación del país.
En el marco de los debates del Encuentro, la Coordinadora Nacional Agraria (CNA), una de las organizaciones convocantes, denunció que “la llamada PSD significó la militarización del país, a través del control de los territorios por parte del Ejército, los paramilitares y las bandas criminales narcotraficantes avaladas por el Estado. El objetivo principal sigue siendo la masacre y el desplazamiento forzado de la población para que las empresas multinacionales dispongan del territorio y los bienes naturales”. Esta política, según cifras oficiales, produjo en los últimos 12 años, un índice de pobreza del 46%, 5 millones de personas desplazadas de sus territorios, miles de civiles asesinados/as, desaparecidos/as y la criminalización de la población pobre, con especial énfasis en los/as integrantes de organizaciones sociales, sindicales, indígenas y afrocolombianas.
La Marcha Mundial de las Mujeres, señaló que esta actividad busca visibilizar especialmente, que “la militarización que vive Colombia, así como Haití y Honduras, se traduce en una situación de violencia extrema hacia las mujeres, manifestada en confinamientos, violaciones, embarazos forzados, feminicidios. Según esta organización plurinacional, la impunidad del gobierno y las fuerzas paramilitares, exacerba la violencia sexista y los valores del patriarcado, colocando a los cuerpos de las mujeres como territorios del terror de la guerra".
El Encuentro se desarrolló en distintas etapas y regiones. Durante los primeros días, las delegaciones internacionales recorrieron zonas de conflicto armado y presencia paramilitar, con el objetivo de visibilizar la situación de militarización que sufre el pueblo de este país y fundamentalmente las múltiples violencias que significa la guerra hacia las mujeres pobres. Estas acciones humanitarias transcurrieron por las regiones de Pasto, Samaniego, Florida, Buenaventura, Ciudad Bolivar, Sumapaz, Cauca, Arauca, Sur de Bolívar, Barrancabermeja, Antioquia, Magdalena medio y Arauca. Las visitantes conversaron con integrantes de organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas, sindicales y de mujeres; autoridades locales, y otras instituciones locales, con el propósito de generar informes probatorios de los asesinatos, desapariciones, violaciones, perpetradas por el Ejército colombiano, las fuerzas paramilitares, bandas narcotraficantes y demás actores armados; como así también, del saqueo de recursos naturales y los daños al hábitat producto de la presencia de empresas multinacionales.
Durante los días 20 y 21, el Encuentro se trasladó a la ciudad de Barrancabermeja, donde se sintetizaron los informes de las diferentes acciones humanitarias y se compartieron testimonios de organizaciones campesinas como el Coordinador Nacional Agrario (CNA), la Organización Femenina Popular (OFP), la Coordinadora de Regional Indígena de Colombia (CRIC), la Unión Sindical Obrera (USO), quienes denunciaron la situación de criminalización permanente que sufren, y la creciente cantidad de militantes asesinados/as, desaparecidos/as y torturados/as. Además se presentaron ponencias internacionales: la Marcha Mundial de las Mujeres, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, la Coalición no a las Bases de Ecuador, Feministas en Resistencia de Honduras, organizaciones sociales de Haití, entre otras.
De la misma forma, la senadora nacional Piedad Córdoba Ruiz se hizo presente en el Encuentro para denunciar al flamante gobierno de Juan Manuel Santos como profundización de las políticas militaristas pro norteamericanas de su predecesor Álvaro Uribe. Además planteó que “este encuentro es resultado de la lucha de las mujeres. Sigamos luchando por un país sin ejecuciones extrajudiciales, sin violaciones, sin presas políticas, donde podamos decir sin miedos que militamos en la izquierda”.
El 23 de agosto se dio a conocer el documento final del Encuentro, en esta declaración se apuntó a visibilizar la verdadera situación de Colombia con el objetivo de romper el monopolio de los medios del poder, que inventan una situación de posconflicto y pacificación. Al mismo tiempo, el documento precisó líneas de acción para enfrentar los embates norteamericanos destinados a la instalación de bases militares en zonas estratégicas de América Latina y el Caribe, y un calendario con actividades paralelas en los distintos países participantes.
Al mediodía, alrededor de 3000 personas, en su gran mayoría mujeres, se trasladaron en caravana de colectivos hacia la plaza ubicada frente a la Base Militar de Palanquero, en Puerto Salgar, donde se realizó un acto político cultural multitudinario. Frente a la guardia militar permanente desde la vereda de enfrente, hasta las 10 de la noche se sucedieron distintas intervenciones políticas y manifestaciones artísticas como obras teatrales, grupos de música y danza. Gritos y arengas surgieron incansablemente desde distintas zonas de la plaza: “¡Ni un hombre, ni una mujer, ni un peso para la guerra!”, “por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, miles de años de resistencia”, “¡mi cuerpo es mi casa, mi casa es mi territorio, no entrego las llaves!”. En una muestra de la lucha que crece y se articula, aún a pesar de la militarización, del imperialismo y del patriarcado, las mujeres y los pueblos dejaron claro que para quienes se organizan “resistir no es aguantar”.
23-08-2010
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Los días 18 y 19 de agosto del 2010 se desplazaron a diferentes zonas del territorio colombiano personas de varios países de la comunidad internacional: Estados Unidos, Cuba, Francia, Italia, Ecuador, España, Perú, Brasil, Canadá, Alemania, Venezuela, Honduras, México, Paraguay y Argentina para realizar una misión de apoyo humanitario. Los objetivos de dicha misión radicaban en visibilizar las violaciones de derechos humanos y más concretamente de los derechos de las mujeres en las diferentes regiones del territorio.
Las regiones visitadas fueron: Valle del Cauca, Cauca, Catatumbo, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Barranquilla, Buenaventura, Nariño - Pasto, San José de Apartadó, Magdalena Medio, Barrancabermeja, Santander, Norte de Santander, Arauca.
Colombia cuenta con un vasto territorio con una gran riqueza de recursos naturales los cuales suscitan gran interés para las transnacionales de países industrializados, la oligarquía y los terratenientes colombianos.
Por otro lado, existe una gran diversidad cultural y étnica conformada por diversos pueblos indígenas, pueblos afrocolombianos, comunidades campesinas y habitantes de zonas urbanas.
Colombia está inmersa en un conflicto armado desde hace más de medio siglo. Esto ha provocado una coyuntura específica que ha llevado a un desplazamiento de más de 4.500.000 de personas, siendo el segundo país en el mundo después de Sudán, con mayor cantidad de población desarraigada.
Dentro del conflicto armado encontramos diferentes actores armados: paramilitares, ejército, guerrillas, delincuencia común, nuevas generaciones de paramilitares y narcotraficantes.
MUJER Y TERRITORIO
Desplazamiento de las poblaciones debido a la explotación de recursos naturales y el conflicto armado, social y político.
Las personas que se oponen al desplazamiento o a cualquiera de los intereses de los actores armados (tierras, recursos naturales, cultivos de hoja de coca) son asesinadas.
En el caso específico de las comunidades indígenas, el desplazamiento conlleva a una pérdida de su identidad cultural como pueblos originarios.
La militarización provoca pérdida del territorio propiedad de las comunidades negras, indígenas y campesinas.
La presencia de multinacionales extractoras de oro, agua, petróleo, carbón y demás recursos naturales utiliza el terror como método para conseguir sus fines sirviéndose de paramilitares. Además, los megaproyectos que se implantan en las regiones sin consulta previa a los pueblos, provocan desplazamientos masivos, cambio de usos y costumbres, pérdida de la autonomía y destrucción del medio ambiente.
Las diferentes Comisiones han constatado la existencia de megaproyectos como represas de agua, construcción de carreteras panamericanas, refinerías de petróleo, minería extensiva, monocultivos de palma africana y cana para obtención de biocombustibles.
Las multinacionales están aliadas con la policía, militares y paramilitares para acabar de manera directa o indirecta con la organización social y tener vía libre en los territorios.
El estado no reconoce el derecho ancestral de las comunidades afrodescendientes al territorio. El estado ha otorgado tierras de estas comunidades para bases militares o se han expropiado para el cultivo masivo de palma africana, cana, etc.
MUJER Y MILITARIZACIÓN
La presencia de bases militares en las diferentes regiones impregna toda la vida social y comunitaria a diferentes niveles. Una de las consecuencias de la militarización es la estigmatización de las personas. Quien manifieste una posición diferente es acusada de ser subversivo. En un territorio basto y pluriétnico se criminaliza la diferencia, como por ejemplo, la violencia contra gays, lesbianas, jóvenes objetores de conciencia y personas pertenecientes a los diferentes movimientos sociales.
Inseguridad de la población debido al conflicto armado, las comunidades son el blanco de los diferentes actores armados, donde hombres, mujeres, niños y niñas del fuego cruzado. Las amenazas se dan, no solo en contra de los y las líderes, si no también a cualquier ciudadano y ciudadana.
Alta militarización de todas las regiones visitadas, presencia de efectivos militares, bases militares, batallones de alta montana, sedes blindadas, acordonamientos del centro de la ciudad, retenes militares y policiales.
La presencia de la militarización en zonas de gran concentración de recursos naturales, provoca destrucción del medio ambiente y los modos de vida de las comunidades. En el caso específico de las comunidades indígenas, la presencia militar en territorios sagrados como Páramos y nacimientos de ríos constituye una grave violación a su cultura y cosmovisión.
Los actores armados y la situación de violencia constante, hace que la población no pueda desenvolverse con autonomía. Existe limitación de movimientos, toques de queda impuestos en algunas poblaciones.
El desplazamiento, las desapariciones forzadas, los encarcelamientos y el asesinato de los hombres provoca la desintegración de las familias. Esto, dentro del contexto de una cultura patriarcal que hace del hombre el principal proveedor económico, conlleva a la feminización de la pobreza, la doble marginación y que el peso de las consecuencias de la guerra sea asumido principalmente por las mujeres viudas, cabezas de familia y desplazadas.
En todas las regiones se registraron casos de falsos positivos. Los asesinatos de civiles a manos del ejército se presentan como guerrilleros caídos en combate para demostrar resultados de la política de seguridad democrática.
Niños y niñas involucrados en el conflicto: reclutamiento por parte de los diferentes actores armados. Violencia sexual (violaciones, prostitución, embarazos a temprana edad). Utilizan a los y las menores mediante engaños para conseguir información y drogas. De esta manera se incita al consumo de drogas desde muy jóvenes.
Las mujeres son utilizadas como botín de guerra. Pagan las consecuencias ya sean hijas, hermanas, esposas o madres de cualquiera de las diferentes facciones enfrentadas. Así, son asesinadas, amenazadas, violadas y violentadas a nivel físico, emocional y simbólico.
En un mismo lugar se ven obligados a convivir víctimas y victimarios como el caso de los paramilitares desmovilizados.
La presencia del narcotráfico ha permeado a toda la sociedad modificando la vida de las personas, sus costumbres y expectativas de vida.
División de las comunidades. En una misma familia pueden haber miembros que hagan parte del ejército, de las guerrillas o de los paramilitares.
MUJER, MOVIMIENTOS SOCIALES Y DEMOCRACIA
El estado niega las culturas ancestrales, sus formas organizativas, cultura, cosmovisión, autonomía y modos propios de vida.
Sensación generalizada de total impunidad por un Estado que no protege ni se responsabiliza por las denuncias de violación a los derechos humanos. Como consecuencia la población esta en estado de permanente vulnerabilidad y riesgo.
El enorme peso de la cultura patriarcal provoca que las mujeres lleven el enorme peso de las cargas familiares: familias numerosas, pocos recursos económicos que aumentan enormemente el trabajo doméstico, etc., triples jornadas laborales. Además, la restricción de las mujeres al espacio privado conlleva limitaciones en la emancipación económica y personal, la falta de formación con la consecuente sensación de inseguridad personal.
A pesar de que existe la Violencia de Género en el seno de las familias y las comunidades, las mujeres tienen dificultades para reconocer, hablar y denunciar la violencia en el espacio privado. La existencia del conflicto armado ha provocado que se conceptualice al Estado y a los actores armados como “enemigos” y a los hombres de sus comunidades y familias como aliados y compañeros. Lo anterior hace que las mujeres tengan dificultades para identificar la violencia de género que afrontan
Esto también se da por parte de las autoridades, primero porque muchas de las denuncias, cuando se dan, quedan impunes, y por otro lado, aunque se acepten denuncias de casos individuales no se analiza como problema social del cual debería responsabilizarse el Estado.
En el caso de los movimientos sociales sucede lo mismo. Los asesinatos y la violencia del conflicto en general pasan a primer plano, lo que conlleva a que la violencia de género al interior de las organizaciones no sea reconocida como un problema social.
Hemos encontrado en las diferentes misiones instituciones del estado que aceptan la militarización como parte necesaria para la defensa de la democracia. Sin embargo, también se encontraron autoridades comprometidas en la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres como es el caso de la Alcaldesa de Sumapaz que impulsa un programa de igualdad de oportunidades para mujeres, niños y niñas. Ella ha jugado un papel sumamente importante en la defensa de los derechos humanos al punto de verse amenazada y verse obligada a ejercer por fuera de su municipio.
El enlistamiento de jóvenes para las fuerzas armadas enfrenta a los jóvenes y familias de las propias comunidades.
CONSECUENCIAS DE LA MILITARIZACIÓN EN LAS MUJERES
Ø Abuso sexual y violencia de género
Ø Trata y prostitución de las mujeres, niños y niñas
Ø Militarización de las relaciones afectivas. Las mujeres son asesinadas si se dice que tienen romances con alguno de los actores armados.
Ø Mujeres jóvenes enamoradas por militares para sacar información.
Ø Embarazos no deseados y embarazos a muy temprana edad
Ø Enfermedades de transmisión sexual
Ø Enlistamiento forzado en los diferentes ejércitos
Ø Sentimientos de impotencia y miedo frente a la injusticia al no ser escuchadas ni tomadas en cuenta en esta dinámica de guerra.
Ø Alto suicidio femenino a causa del desplazamiento y el asumir todas las consecuencias de la guerra.
Ø Las mujeres no pueden, en términos generales, ejercer la ciudadanía como consecuencia de la vulneración de sus derechos en este contexto de guerra.
Ø Control sobre el cuerpo de las mujeres como botín guerra.
Ø Las mujeres son “regaladas” a los diferentes actores armados.
Ø Las mujeres deben enfrentarse a la falta de acceso a la salud, a la educación y a una vida digna en igualdad de condiciones.
Ø Si los hijos o esposos de las mujeres se involucran con alguno de los actores armados se convierten automáticamente en objetivo militar para sus opositores.
Las mujeres del mundo estamos con su lucha. La derrota del patriarcado y de los poderes del estado que niegan el derecho a la equidad de las mujeres, debe convertirse en una lucha permanente. Visibilizar la violencia de género en las mujeres es una obligación para romper con la opresión. Estamos contra la guerra que coloca a las mujeres como botín de guerra, nos prostituyen, nos tráfican y nos consideran objetivo militar, por eso estamos contra la militarización, porque afecta la vida de las mujeres, de la naturaleza y de la comunidad entera.
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RECOMENDACIONES
Es importante que se dé continuidad al trabajo realizado durante estos días. Que se haga una incidencia en cada uno de los países con el fin de presionar a sus gobiernos, el gobierno colombiano, la comunidad internacional y de manera muy especial a las multinacionales que tienen presencia en territorio colombiano y que son responsables en buena medida del conflicto armado, social y político.
La visita de las diferentes organizaciones debe de contribuir a la visibilización de la lucha de las mujeres colombianas.
Sensibilizar a la comunidad internacional sobre el conflicto colombiano. Dar a conocer la realidad de las comunidades, sus luchas y esperanzas.
COLOMBIA:
"Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas
contra la Militarización".
PROGRAMA ESPECIAL
JUANA PIMIENTA
MARTES 24 DE AGOSTO
22 hs. RADIO NACIONAL DE ARGENTINA - AM 870
Diálogos con Aída Quilcué, del CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA-CRIC (Colombia), Yolanda Becerra y Betty Purto de la Organización Femenina Popular (Colombia), Luz Piedad Cortés, de Mujeres por la Paz (Colombia), Clarisse Goulart (Brasil), Berta Cáceres (Honduras), Ivette Méndez (Ecuador), Juliana Díaz Lozano (Argentina), Marta Figueroa (México), Rosa Guillén (Perú)
Conducción: Liliana Daunes
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